Por BÉNÉDICTE KERVYN
Ingeniera comercial, Universidad Católica de Lovaina
Estudiante de Psicología, Universidad del Pacífico
¿Qué significa ser estudiante de una universidad a la deriva?
La crisis estalló hace 2 meses cuando la Universidad del Pacífico dejó de pagar a sus funcionarios y docentes. A pesar del intento del directorio, encabezado por Pablo Ortúzar, hijo de Julio Ortúzar, fundador de la universidad, de mantener la situación oculta, las informaciones que salen a la luz son cada día más escandalosas. Es hoy en día evidente que no se trata de mala administración sino más bien de un fraude de gran magnitud.
Desde hace 2 meses, nosotros, los estudiantes, estamos intentando terminar el año con el apoyo (voluntariado en este momento) de nuestros docentes y funcionarios. Junto con rendir exámenes en un clima de total incertidumbre, tuvimos que exigir del Ministerio de Educación, información que la familia Ortúzar mantenía oculta y garantía de normal término de año académico y plan de continuidad de estudios; hemos ido al congreso para impulsar la creación de una comisión de investigación; nos estamos organizando con la abogada Valeska Concha para demandar a la universidad por incumplimiento de contrato, como también al estado por ocultamiento de información; y ahora por segunda vez tomamos la U. ¿Qué queremos? Por supuesto, cerrar el año académico y terminar nuestros estudios sin endeudarnos más y sin perder los años de estudios ya realizados. Pero también queremos que el ministerio y los chilenos tomen consciencia de las fallas de su sistema educativo que permite engañar y abortar los sueños educativos de miles de jóvenes.
En realidad, la situación de la Universidad del Pacífico va mucho más allá de los 2.600 estudiantes y alrededor de 700 profesores y funcionarios. ¿Después de los casos Universidad del Mar, Arcis, Iberoamericana, y ahora Universidad del Pacífico, ¿quiénes serán los siguientes? ¡Porque habrá otras más! Es tiempo de entender que estamos frente a un modelo educativo mercantil construido en cimientos corruptos desvinculados de su finalidad educativa, comprometiendo los sueños y futuro de toda la juventud chilena actual. Estas universidades en quiebra son o fueron universidades autónomas validadas por el ministerio de educación. Han pedido y obtenido acreditación acerca de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), lo cual les permitió aumentar significativamente las matrículas y dio acceso a los estudiantes con Créditos con Aval del Estado (CAE).
El tema es que una universidad se puede acreditar por periodos de 2 años hasta un máximo de 7. Muchos alumnos se inscriben en universidades que tienen que renovar su proceso de acreditación durante su periodo de carrera y corren el riesgo de encontrarse, como nosotros, estudiantes de la Universidad del Pacífico, estancados en absoluta incertidumbre en cuanto a la posibilidad de titularse. De ahí la precaución absolutamente indispensable de cada alumno que sale del colegio de averiguar minuciosamente el mercado de las universidades y las garantías económicas y académicas que les ofrecen para lograr titularse. Para otros países, esto es absoluta responsabilidad del Estado, un Estado que cuida y vela por el futuro y los intereses de su juventud.
La figura se hace aún más siniestra cuando se repite un mismo patrón : universidades cuyos aranceles (carísimos) terminan desviados de su función educativa, montajes financieros que involucran la compra de propiedades luego arrendadas a la U a precio de oro, pagos de sueldos millonarios a sus dueños y familiares, despidos aceptados por los mismos dueños con indemnizaciones del valor de departamentos prestigiosos y … paralelamente, cajas universitarias con deudas millonarias, miles de estudiantes endeudados y sin futuro, y cientos de docentes y funcionarios sin sueldos (ver https://ciperchile.cl/2018/11/29/el-entramado-de-los-negocios-que-desangraron-a-la-universidad-del-pacifico/).
En el caso de la Universidad del Pacífico, la comisión de acreditación estaba al tanto del desastre económico desde el año 2.014. Sin embargo, ésta recuperó acreditación en 2.015 por un nuevo periodo de 2 años después de apelar al Consejo Nacional de Acreditación ¿! Ahora mismo, el Ministerio de Educación acaba de nombrar a Sólanich, quien recién renunció a su cargo de decano de Comunicaciones y Diseño de la Universidad para asumir la jefatura de comunicaciones del Ministerio, a pesar de un evidente conflicto de interés. Juntando este acontecimiento con los casos anteriores de las Universidades Pedro de Valdivia (UPV), SEK y del Mar que fueron formalizadas por delitos de cohecho, lavado de activos y soborno del Consejo Nacional de Acreditación, no podemos evitar de cuestionar la transparencia y honestidad de todo el rubro educativo.
Para volver a la pregunta de partida ¿Qué garantía y seguridad podemos esperar? Específicamente, para nuestra situación como estudiantes de la universidad del Pacífico, ¿en quién podemos confiar para poder ser recolocados en otras universidades que no van a quebrar y nos van a permitir titularnos sin tener que alargar nuestros estudios? Y para todos nosotros, chileno/as, ¿Cómo nos podemos asegurar que nuestros hijo/as, hermano/as, primo/as, sobrino/as o nieto/as puedan entrar en alguna universidad que los titulará como buenos profesionales y no los dejará a la calle con tremenda deuda y equis ramos cursados y no reconocidos por nadie?
Clara y desafortunadamente, es indispensable solicitar asesoría profesional legal de una abogada para defender nuestros intereses que como acabamos de mostrar están en claro conflicto con los intereses de algunos profesionales y empresarios quién, como la familia Ortúzar, son descaradamente amorales. Más allá de nuestros intereses personales, también queremos que luz y justicia se haga. Es tiempo de darnos cuenta de que el problema es social. NO es solo el problema de algunos jóvenes mal informados que se metieron en una universidad corrupta o no acreditada. ¡No! Es un riesgo que corre cada joven chileno que quiere entrar en el sistema de educación superior privado. Es tiempo de velar por el profesionalismo y la honestidad de un sistema educativo completo.
*Imagen de cabecera propiedad de La Tercera.