Por TOMÁS CROQUEVIELLE H.
Licenciado en Historia y Periodista
Pontificia Universidad Católica de Chile
Como un segundo espejismo en medio del “oasis”, se presentaron al gobierno las protestas del pasado 18 de mayo en la comuna de El Bosque por falta de alimentos en cuarentena del Coronavirus. Y como la historia ocurre dos veces, primero como tragedia y luego como farsa, el gobierno y el oficialismo decidieron responder de la misma manera que hace exactamente 7 meses: prometiendo mano dura y acusando de promover los disturbios a un poderoso, pero por sobre todo, indeterminado “enemigo”. Me refiero al inventado eje narcotráfico–Partido Comunista(PC)-Frente Amplio, es decir, la “izquierda” en conjunto con los “delincuentes, los subversivos de siempre”.
Y es que esas últimas protestas, son simplemente el último episodio de un fenómeno intangible, pero muy real que desde hace años que ronda en los diferentes espacios de discusión pública del país: la ilegitimidad. Su sombra, paso a paso, poco a poco, amenaza con empujarnos hacia el caos. Nada es lo que parece y, cada vez más, lo que antes dábamos como seguro se convierte en una dolorosa ilusión más rápido de lo que podemos justificarla. Así, la inestabilidad política que dejó el estallido social del pasado 18 de octubre (18/O) y la amenaza de depresión económica que significa la pandemia del Covid 19, nos hace dudar respecto de cuánto más nuestro sistema político-económico pueda resistir, y hasta cuándo el tejido social se mantendrá cohesionado. Y pareciera que ya no queda mucho tiempo.
Más que un debate teórico
Para la inmensa mayoría de los chilenos en la actualidad, las instituciones políticas y económicas simplemente no están dando el ancho, y la desconfianza en éstas se establece como la base de la discusión política del país. Desde la presidencia hasta los municipios, desde el puesto de trabajo hasta la banca y el retail, el descrédito de la política y la situación de desigualdad social y económica del país, antes considerados una “democracia ejemplar” y el costo de su “progreso y desarrollo”, respectivamente, hoy es vista como una estructura que en cualquier minuto puede de golpe colapsar. Y si aquello ocurre, entonces, la extendida crisis de legitimidad de nuestra estructura político-económica-social se puede transformar en una verdadera y permanente crisis de gobernabilidad.
Mientras tanto, y en momentos en donde el tablero pareciera tambalearse peligrosa e impredeciblemente de un lado a otro, la actual pandemia pareciera actuar como la capa final de esta bola de nieve, amenazando con caerse encima como una avalancha. Así, las manifestaciones y saqueos que hemos presenciado estos días en algunas zonas del sur de Santiago nos parecen indicar que, por primera vez, se escucha con claridad el ruido subterráneo previo al movimiento.
En ese contexto, la actual crisis de legitimidad (o simple y llana ilegitimidad) del sistema político y el modelo económico deja de ser un mero debate teórico entre cientistas políticos, periodistas, columnistas y políticos profesionales, y se vuelve la amenaza más grande que la nación ha experimentado en sus últimos 40 años. O quizás, y sin buscar ser un apocalíptico, de toda su existencia como república independiente.
Un sentimiento vago
Sí la situación no fuese lo suficientemente crítica, a medida que pasa el tiempo, se vuelve cada vez más evidente que salir de este embrollo, en el actual contexto político-económico y social internacional, parece ser una misión, no solo titánica, sino que tremendamente ambigua. A nivel global podemos identificar una falta de legitimidad en las democracias del mundo, la cual, a diferencia de una hambruna o carestía de dinero, es muy difícil de definir, describir, racionalizar o comunicar, siendo realmente un sentimiento vago más que una necesidad real y concreta. Y, como cualquier otro sentimiento, ponerlo en palabras resulta una tarea compleja: sabemos que no estamos satisfechos con los gobiernos y sistemas políticos que tenemos, pero difícilmente tenemos claridad, menos aún consensos, de cuál es la raíz de aquel malestar y cómo superarlo.
Con la ilegitimidad, a diferencia de lo que puede suceder con una receta de repostería, no existe una receta para, esta vez sí, “cocinar” un sistema político y económico legítimo. Especialmente en un país que aspira a vivir y desarrollarse en democracia. En las dictaduras y los gobiernos autoritarios resulta más fácil, puesto que, y a diferencia de las democracias, la población acepta la autoridad y las órdenes del poder mediante el método del garrote o la zanahoria. Bajo esta técnica, el temor y la represión se vuelven un seguro infalible cuando la argumentación no es suficiente a la hora de convencer a la población de que las decisiones de la autoridad son las correctas y van en beneficio de la mayoría.
En las democracias, al menos en las que hemos concebido como tales en los últimos 250 años, la autoridad, tanto política como económica, tiene la obligación de ejercer el poder de la forma más ética posible, respetando las normas y en concordancia con los valores que la sociedad estima como positivas y necesarias de mantener. Y es en aquella evidente promesa incumplida en donde se asoma una de las principales fuentes de nuestro malestar, y la razón última del estado general de insatisfacción (y en no pocas ocasiones), rabia y resentimiento. Lo que nuestra democracia y modelo económico nos promete, pareciera ser muy diferente a lo que finalmente termina ocurriendo.
Los conceptos y cualidades tradicionales de la democracia: igualdad ante la ley, libertad de expresión, participación de la sociedad, etc; se presentan imperfectos o inexistentes en la realidad de una sociedad violentamente desigual y una política dirigida de manera solapada por las élites económicas en conjunto con una “casta” de políticos profesionales. Situación que produce que, al final del día, el poder político-económico y la autoridad que lo administra y ejerce sea vista por la ciudadanía como un ente impersonal que nos rige, no ya por convencimiento, sino por la inercia de la tradición y, en ocasiones, el rigor de la ley. Aquella naturaleza deshumanizada de la actual lógica de relaciones de poder nos ciega respecto de la comprensión de una realidad sencilla: al final del día, somos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, los que sostenemos y legitimamos el actual sistema. Hasta que dejamos de hacerlo.
El surgimiento de la “Polarización Populista”
Aún estamos demasiado inmersos en el bosque para identificar y comprender el nivel de profundidad del proceso político que comenzó el 18/O, y menos aún podemos anticipar sus consecuencias futuras. La mezcla entre “levantamiento”, “rebelión” o “revolución” que caracterizó estas protestas y movilizaciones, junto con sus componentes de violencia política y, en oportunidades, oportunista que las acompañaron, tuvieron la fuerza suficiente para echar por la borda los consensos político-económicos pre-establecidos (pero no realmente legitimados), pero no poseyeron la coherencia necesaria para proyectar un camino de acción futura. Sin embargo, pese a esta desorientación, es posible ver cómo, de manera gradual, pero sostenida, se asoma una nueva lógica social a la hora de entender la discusión política post-estallido.
En ella podemos encontrar caracteres tradicionales del léxico político nacional e internacional del siglo XX, como los grandes discursos políticos maniqueos de los “buenos” y “malos”, es decir, el clásico “ellos” y “nosotros” del populismo de antaño. Pero, la naturaleza móvil y líquida de nuestros tiempos genera que las transformaciones estructurales prometidas por los políticos del pasado sean fórmulas anacrónicas en donde los enemigos estaban claros, los objetivos nítidos y las soluciones parecían simples. Eran los años de la política de masas y las manifestaciones multitudinarias en torno a un líder, situación que difícilmente se puede encontrar en la actualidad.
Hoy en día, y pese a que no existe realmente un único fenómeno de referencia, las expresiones políticas masivas han resurgido, ahora sin una dirigencia que las aúna y dirija, pero sí con la construcción política de índole absolutista y el discurso de la “nosotros vs “ellos”. Y aquella redefinida manera de entender la discusión pública pareciera ser una perspectiva compartida por ambos sectores del actual espectro político nacional.
Mientras en un sector el “nosotros” se interpreta como el “pueblo” virtuoso e infalible y el “ellos” como la corrupta élite económica, ejemplificada por las denominadas “cuatro familias”, las cuales controlarían la política y economía del país, siendo, a su vez, representadas en el poder por los partidos de derecha y los “fachos pobres” que les votan. En el otro, el “nosotros” se presenta como el constructo importado de la derecha estadounidense de la “mayoría silenciosa” de chilenos que no protestan, pero que “se sacan la mugre trabajando” para sacar a sí mismos y sus familias adelante vs el “ellos” de la “clase política”, compuesta por dirigentes “flojos”, “corruptos” y “ambiciosos de poder”, principalmente, de la ex Concertación, el Frente Amplio y el Partido Comunista, junto con los “tontos útiles” que se manifiestan y saquean según sus órdenes, o las de la ONU y/o Maduro.
En esta suerte de “polarización populista”, ambas fuerzas compiten por encarnar y hegemonizar, tanto el discurso anti-clase política como las aspiraciones reformistas de la sociedad. No por nada el eslogan más difundido entre quienes se oponen al reemplazo de la actual constitución es el de “Rechazar para Reformar”, en donde se reconoce la necesidad de llevar adelante mejoras políticas y económicas que relegitimen la institucionalidad (como limitar la relección y bajar los sueldos), pero sin realizar cambios estructurales profundos.
Aquel lema de campaña revela entonces que aquel aparente “consenso” es realmente una quimera en la medida que el actual debate nacional, especialmente el relacionado con el plebiscito constitucional del 25 de octubre, es uno que va más allá de lo político-ideológico. Así, las opciones del “Apruebo” o “Rechazo” no son sólo opciones políticas, sino que, de manera muy importante, declaraciones identitarias en donde se presentan diferentes formas de entender e interpretar los hechos y establecer diferentes prioridades éticas y morales, en donde, como ocurrió durante el 18/O, para unos el “orden” se sobrepone a los DD. HH y el respeto a la autoridad es más importante que la democracia.
Y en esta batalla identitaria, los medios de comunicación tradicionales, especialmente la TV y la prensa escrita, han caído como víctimas de fuego cruzado en donde los sectores de izquierda los consideran como serviles al poder político y económico, y los de derecha como instigadores irresponsables de las protestas y saqueos. Bajo ese contexto, nos encontramos sin un réferi que sirva de moderador entre estos dos polos que pugnan por imponer su realidad.
El progresismo se impone en las ideas, pero pierde en la gobernabilidad
Frente al actual escenario político de división, confusión e incertidumbre, lo último que conviene hacer es caer en el cinismo o la rendición. En ese sentido, no sería justo negar y desconocer el enorme esfuerzo que por décadas han realizado las diferentes fuerzas progresistas del país. Muchas de ellas se anticiparon en años a lo que hoy en día es entendido como parte del sentido común del país, logrando imponerse en la batalla de las ideas, cuestionando de manera exitosa la legitimidad y viabilidad del consenso neoliberal de la transición post dictadura, basado, entre otros factores, en una economía del “chorreo” mono-exportador de materias primas y un modelo político de “democracia protegida”.
Sin embargo, y pese a lo acertado y vanguardista de sus diagnósticos, estas fuerzas no han sido realmente capaces aún de levantar una verdadera alternativa que reemplace el actual modelo político-económico actual y busque relegitimar la estructura socio-institucional del país. Desde el enfoque acomodaticio de la ex-Concertación, pasando por el enfoque reformista de la Nueva Mayoría y la estrategia de cuestionamiento frontal del actual Frente Amplio, los progresismos no han podido realmente llevar adelante realmente una colación político-social lo suficientemente poderosa y cohesionada como para vencer los amarres heredados de la dictadura y así reemplazar las vigas maestras de nuestro inestable armazón institucional. Siendo justos, aquella tarea no es simple; de hecho, es algo que en las últimas cuatro décadas pocas fuerzas progresistas a nivel mundial han conseguido aquello de manera exitosa y sostenida en el tiempo.
De esta manera, el proceso constituyente iniciado el pasado 14 de noviembre (momentáneamente en pausa por la crisis sanitaria), pese a todas sus deficiencias de legitimidad (en su mayoría, reflejo de la propia ilegitimidad de nuestro sistema político), presenta una oportunidad única a las fuerzas progresistas para reformar de manera profunda el modelo político-económico de Chile y relegitimar la institucionalidad democrática chilena y el tejido social del país. Sin embargo, las diferentes actitudes sectarias, revanchistas y puristas de diferentes movimientos y partidos de la oposición progresista, reflejadas en la derrota de la elección de la presidencia de la cámara de diputados pese a contar con mayoría, genera la percepción de que, pese a que estarían ganando la batalla ideológica de las ideas, están perdiendo el enfrentamiento político de la gobernabilidad.
Bajo ese aquel escenario, no resulta impensable que en una eventual elección de constituyentes para la Convención Mixta o Constituyente la derecha, sin obtener la mayor cantidad de votos, obtenga la mayoría de los representantes para aquella instancia. Si aquello ocurriese, el peligro de que aquella oportunidad única de relegitimación institucional se convierta en una constitución de 1980|2.0 es demasiado grande como para que el progresismo se quede estancado en rencillas pasadas o en debates conceptuales. No ahora, no con todo lo que está en juego.
Un arma de doble filo
Y es que, sin la capacidad de ofrecer una alternativa política viable que además de reflejar el descontento también brinde gobernanza no será posible implementar los idearios y proyectos de cambio profundo que el país anhela. La rabia, la frustración y el enojo, por sí mismos, no serán suficientes a la hora de levantar una institucionalidad auténticamente democrática y un modelo de desarrollo económico inclusivo. Si algo nos enseñó la experiencia de la primavera árabe de 2010-2012, es que el descontento sin una alternativa política sostenible y duradera convierte cualquier levantamiento popular en un fenómeno espurio.
Porque si hay algo que la mayoría de las personas temen y rechazan más que una institucionalidad y gobierno con poca legitimidad, es la falta completa de ésta y el desgobierno. Así, la incertidumbre que genera cualquier transformación político-social profunda se convierte en un arma de doble filo, el cual nos puede inspirar a lanzarnos a lo inexplorado y transformar lo que deba ser transformado, como también, nos puede paralizar el miedo a transitar por el difícil y angustiante camino de lo desconocido.
Bajo ese escenario, cualquier liderazgo político reformista que pretenda ser exitoso y perdurar en el tiempo debe ser capaz de ofrecer transformaciones ambiciosas para vivir mejor y, al mismo tiempo, asegurar una estabilidad suficiente para que la ciudadanía se convenza de que las cosas no van a cambiar drásticamente para peor. De no poder conseguir ambas cosas, de la manera más simultánea posible, existe el peligro real de una restauración autoritaria, como la que ocurrió en Egipto con el general al Sisi o la Rusia de Putin. La historia nos ha enseñado que el vacío de poder no tiene realmente un color político o ideológico, sino que la multitud va a seguir a la persona o al proyecto político, progresista o conservador, democrático o autoritario, que ofrezca o dirija a un lugar mejor, tanto social como personal.
La posible triangulación de la derecha
Previo a la crisis internacional del coronavirus, el gobierno de Sebastián Piñera se encontraba en un estado de paciente crítico, en donde semana a semana, su administración se encontraba debatiéndose entre la vida y la muerte. En ese escenario, no éramos pocos los que considerábamos que su permanencia en la presidencia representaba una amenaza letal a la legitimidad del sistema político, justificando un llamado a elecciones generales anticipadas, pese a los posibles daños a la gobernabilidad del país que esto podría significar.
La situación de emergencia sanitaria modificó las prioridades, y la continuidad de un mal gobierno se volvió preferible a la ausencia de uno. Así, el Covid 19 se convirtió en un auténtico salvavidas para Piñera, el cual le permitió alcanzar su mejor evaluación desde el 18/O. En ese sentido, la actual situación de pandemia expuso una realidad que venía de antes: Chile Vamos, como bloque político y parlamentario, es una coalición cohesionada, organizada e institucionalizada, la cual, pese a las últimas crisis, ha sido capaz de tomar decisiones y resolver diferencias. Todas estas, cualidades mínimas necesarias a la hora de ofrecer las reformas políticas y económicas estructurales exigidas por la población, y así aspirar a relegitimar la institucionalidad del país.
¿Quiere decir lo anterior que los políticos de derecha gozan de una popularidad mayor que el resto? En absoluto. Los partidos e ideas de la derecha se encuentran igualmente deslegitimados que el resto de la institucionalidad política del país, sino más. No olvidemos que, en su momento más bajo, el presidente llegó a contar con una popularidad similar al margen de error de los sondeos realizados. El asunto es que aquel descrédito general del gobierno no era, ni sigue siendo, significativamente menor al del resto de las instituciones del país, tales como el Congreso, los partidos políticos, la fiscalía, los tribunales, la prensa, la TV y la Iglesia. Con esa realidad como telón de fondo, el cálculo y la estrategia del Presidente, desde el comienzo de la crisis social, ha sido interpretar y proyectar su altísima desaprobación como un síntoma de una enfermedad más grande: el descontento de larga duración con toda la “clase política” y las instituciones del Estado en su conjunto. De esta manera, el mandatario comunica de manera soterrada que “si todos son responsables, entonces nadie es responsable”, y en consecuencia “si yo caigo, caen todas las autoridades del Estado y las instituciones del país conmigo”.
Acorralado y al borde del acantilado, lo único que le quedó al ejecutivo fue llevar adelante una estrategia de triangulación política, ofreciendo propuestas del progresismo, como una profundización de los beneficios sociales entregados por el Estado, financiados mediante impuestos progresivos, y reformas políticas estructurales por medio de la redacción de una nueva Constitución. Cooptación política que, además de buscar relegitimar el sistema político-económico, garantice estabilidad (de la misma manera que por 20 años lo hizo la ex Concertación), orden y seguridad. Estos últimos, cabe recordar, emblemas tradicionales del conservadurismo oficialista.
Las dos derechas
Pero, ¿está el resto de la derecha siguiendo la estrategia de triangulación del gobierno? ¿Es aquello un convencimiento profundo o una mera maniobra temporal? La respuesta a ambas preguntas no es inequívoca. Por un lado se encuentra un sector del oficialismo, principalmente ministros y alcaldes, que respalda el cambio de Constitución en aras de la relegitimación de la institucionalidad política; por el otro, se encuentran genuinos defensores del actual modelo y oportunistas que se escudan en un supuesto “excesivo uso de la violencia” por parte de los partidarios del Apruebo, para los cuales el cambio Constitucional es innecesario o perjudicial para el país.
A estos últimos, la lógica de la “polarización populista” les es útil a sus objetivos políticos, encontrándose más interesados en satisfacer a su base política-electoral y mostrarse como referentes ideológicos puros, que en reconstruir la legitimidad de la institucionalidad político-económica del país. Y es probablemente en esa necesidad de complacer a aquel sector de la derecha dura en donde reside la falta de determinación político-fiscal que, a la fecha, ha mostrado el ejecutivo al tratar de llevar adelante su “agenda social” post 18/O y los apoyos financieros para hacer frente a la emergencia del coronavirus, los cuales han que han sido calificados por los especialistas como escuálidos. Si eso no es jugar con fuego respecto a la precaria situación social de la ciudadanía y su paciencia, no sé lo que es.
Para este tipo de actores políticos de la derecha, las divisiones bipolares de la Guerra Fría entre Socialismo vs Capitalismo, Estado vs Mercado, Democracia vs Marxismo, no sólo no han sido superadas, sino que estas son, según la conveniencia, intencionalmente y artificialmente revividas. Así, cada vez que las ideas del oficialismo se encuentran cuestionadas o se vuelve necesario el cimentar su base de apoyo y presentar un contraste con la oposición, se invoca el “cuco” de la Unidad Popular o el gobierno de Maduro.
¿Cuál es la utilidad a largo plazo de aquella estrategia? Difícil de saber y de entender. Lo que sí se revela con claridad es que el actual gobierno, desde incluso antes que asumiera, ha vacilado entre imitar el centrismo de la ex Concertación o seguir el conservadurismo populista de personajes como Bolsonaro, Johnson y Trump. Y el desenlace de aquella disyuntiva definirá, en gran medida, la conclusión de nuestra crisis de legitimidad: o este se convertirá en un enfrentamiento político-identitario en donde un solo sector resultará triunfante, imponiéndose una legitimidad político-económico asimétrica (como ocurrió en 1973), o este será resuelto mediante un gran acuerdo refundacional que busque reconstruir y relegitimar la institucionalidad democrática de Chile. Esta última opción, es la que un nuevo marco constitucional mediante un proceso participativo amplio puede encarnar mejor.
Modernización no es legitimación
A estas alturas ya son solo los obstinados o derechistas duros los que niegan que el 18/Octubre fue la consecuencia natural de un modelo político-económico que contaba con una legitimación democrática limitada, “protegida” y excluyente, la cual careció de reformas profundas que afianzarán la modernización capitalista acelerada que el país experimentó en los últimos 30 años. En ese sentido, cualquier gran acuerdo nacional a la hora de relegitimar la institucionalidad debe contar, como premisa básica, con la superación del paradigma de que la relegitimación política y social va necesariamente de la mano con el desarrollo económico.
Y es que desde la segunda mitad del siglo XX hemos vivido bajo el precepto de que crecimiento económico (aumento del ingreso per cápita y acceso a bienes de consumo) y desarrollo social (alfabetización, reducción de mortalidad infantil y aumento de la esperanza de vida) están directamente correlacionados con una mayor democratización. Dentro de esa mirada, una mayor eficacia del Estado y la economía a la hora de proveer bienestar material y social, equivale a más legitimidad de las instituciones político-económicas.
El estallido social de 2019 cuestionó de manera fundamental aquellas premisas. Así, pese a los innegables avances en bienestar material -en muchas oportunidades financiado en cómodas cuotas- y desarrollo humano que el país ha experimentado en las últimas décadas, existe en la sociedad actual un descontento generalizado con sus instituciones. Aquello, nos hace enfrentarnos con la incómoda realidad de que la verdadera dicotomía que enfrentan las naciones en desarrollo no es entre ser un país rico o un país pobre, sino entre tener un orden público legítimo o uno ilegítimo. De esta manera, pareciese revelarse el eslabón perdido en nuestro proyecto de desarrollo: el error común de creer que todas las cosas buenas vienen de la mano y que el logro de objetivos sociales deseables, como las mejoras en las condiciones materiales de vida de las personas, están necesariamente acompañados de un ordenamiento político legítimo, olvidando que para que esto último ocurra debe haber condiciones mínimas de equidad social y simetría del poder político entre los ciudadanos.
Y si algo nos han enseñado las experiencias de África, Asia y Latinoamérica del siglo XX es que la modernización capitalista acelerada de una nación pobre, tiende a conducir al conflicto, no a la legitimación democrática plena. Se confunden entonces quienes, tanto en la izquierda como en la derecha, consideran que existe una correlación positiva entre la superación de la pobreza y la estabilidad institucional y entre la penuria económica de la población y la inestabilidad política. Sin embargo, lo que realmente genera descontento social y desorden político no es la ausencia de desarrollo social o modernización económica, sino que el proceso para obtenerla. Entonces, modernización equivale realmente a inestabilidad, no estabilidad, siendo el descontento y el conflicto el resultado del rápido cambio social y el veloz ingreso de nuevos actores políticos movilizados (como los pensionados en el caso chileno), junto con un desarrollo de las instituciones políticas demasiado lento a la hora de responder las nuevas demandas de la ciudadanía y de estos grupos emergentes.
No por nada en América Latina, durante la segunda mitad del siglo XX, cuatro de los cinco países más ricos (Cuba, Argentina, Chile y Venezuela) experimentaron con mayor fuerza que el resto el surgimiento de diferentes movimientos revolucionarios. En cambio, en países de la región significativamente más pobres, tales como Haití, Honduras y Paraguay, por mencionar algunos, aquello no ocurrió o se dio de una manera mucho más débil.
Superar el mito de Sísifo
Independientemente del, según las encuestas, casi seguro triunfo del “Apruebo” en el plebiscito del 25 de octubre y el termino del mandato de Piñera, la reconstrucción de la legitimidad del sistema político-económico del país será una tarea de larga duración. Esta requerirá la participación de un amplio marco de fuerzas políticas y sociales, y el esfuerzo deberá ser realizado por varios gobiernos consecutivos.
Atrás deben dejarse las actitudes polarizadoras de nuestra actual discusión política, la cual ha generado que en los últimos años, y especialmente tras el 2011, se esté volviendo demasiado común que un gobierno, como el último de Michelle Bachelet y el segundo de Piñera, busque desmantelar o modificar de manera fundamental lo que el predecesor realizó. Ejemplo de aquello fue el giro en la dirección de la política educativa del país que buscó implementar la exministra de Educación, Marcela Cubillos (2018-2020), quien intentó, sin éxito, cambiar uno de los principios fundamentales de la Reforma Educacional de 2015: el fin de la selección. Aquello, con el objetivo de re-incorporar criterios de selección “meritocráticos” en su proyecto de reforma (o contrarreforma), Admisión Justa, el cual no contó con ningún tipo de validación técnica y fue fundamentalmente motivada por un imperativo ideológico particular.
Así, la prevalencia en la defensa de intereses particulares sobre la búsqueda del bien común está generando que nuestro sistema político-económico sea incapaz de reformarse de manera profunda y significativa. Por lo que la actual institucionalidad se está volviendo incapaz de ofrecer políticas de largo plazo que incorporen una visión más amplia e inclusiva del progreso social, el cual, además de incluir el mejoramiento económico-material, incorpore, entre otros elementos, el desarrollo cultural, científico y ético-moral, que valore y recompense la creatividad, la innovación, la protección del medio ambiente y el respeto por los DD. HH.
Poder dar ese salto es, probablemente, el mayor obstáculo que enfrenta Chile actualmente a la hora de ingresar al ansiado al club de los “países desarrollados”. Como niños vendados tratando de pegarle a la piñata y derrotar la “Trampa de los Países de Ingreso Medio”, por más de cuatro décadas nos hemos amarrado a una fórmula que combina: Estado reducido, sindicatos débiles, política tributaria con impuestos regresivos, políticas públicas subsidiarias y matriz productiva mono-exportadora de materias primas, la cual no ha llevado nunca a ningún país del mundo al status de “desarrollado”.
En ese sentido, es el momento de restaurar la convivencia ecuánime de mitad del siglo pasado (alcanzada principalmente en EE. UU y Europa Occidental, pero también en parte en Chile) entre el capital (los inversionistas y empresarios) y el trabajo (los gremios y sindicatos), en donde ninguno de los dos lograba realmente imponerse sobre el otro, y en donde aquella tensión generaba bienestar a todos. De la misma forma, es momento de que las fuerzas políticas busquen generar acuerdos políticos deliberativos que vayan más allá de las negociaciones sectoriales de los intereses particulares que caracterizaron el periodo transicional chileno.
Ni el conformismo de los 90s ni la polarización político-identitaria que caracteriza este siglo XXI son caminos para relegitimar las instituciones del país y construir un nuevo modelo de desarrollo. Actualmente ninguna fuerza política o social tiene el poder suficiente para imponerse sobre la otra, por lo que un desenlace a nuestra crisis de legitimidad en donde un sector se imponga sobre otro es altamente improbable. Más probable es que, si no enmendamos rumbo, caigamos en un estado permanente de enfrentamiento y debilidad político-institucional y económica en el cual los problemas estructurales no sean nunca atendidos, y en donde solo se realizan soluciones “parche” a las necesidades inmediatas de la población. Es lo que ocurre con democracias otrora ejemplares, como es el caso de la estadounidense, y podría ser el oscuro destino de la democracia del país.
Es ahora el momento para que los sectores progresistas y democráticos ofrezcan un modelo político-económico que combine estabilidad y mejoras en las condiciones de vida de las personas, no solo materiales, sino que también espirituales, culturales y afectivas. Solo así superaremos este auténtico mito de Sísifo, en el cual se nos ha venido prometiendo que haciendo las cosas de la misma manera una y otra vez, llegaremos a un resultado diferente. Ficción que buscó durante más durante décadas, sin bases reales, el proyectar a Chile como un país exitoso. Relato que el pasado 18/O se derrumbó como un castillo de naipes al exponer la injusticia social que continuamente la desmiente. De lo contrario, existe el peligro real de que, como ocurrió con el trumpismo en 2016, sean las fuerzas conservadoras y reaccionarias las que coopten y hegemonicen el discurso de la reforma y la relegitimación, sino lo hacen por convicción, lo harán por sobrevivencia. Si esto último ocurre, nada sustantivo realmente cambiará.
*Imagen de cabecera propiedad de Pablo Croquevielle.
Un comentario en «Chile 18/0: radiografía a la crisis de legitimidad y el futuro de la discusión política nacional»