Por PATRICIO LE CERF V.
Licenciado en Historia y Magíster en Ciencia Política con Mención en Relaciones Internacionales
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Tarde del 3 de abril de 2017. La detonación de un artefacto explosivo dentro de uno de los vagones del tren subterráneo de San Petersburgo deja un trágico saldo de 14 muertos y cerca de 50 heridos. En cuanto a la identidad del perpetrador, los servicios de seguridad rusos barajan que sería Arkbarzhon Dzhalílov, un joven ruso de 22 años, oriundo de Kirguistán que, presumiblemente vinculado a alguna organización terrorista islámica, se hizo estallar dentro del concurrido medio de transporte. Frente a esto, el Kremlin, además de fijar tres días de duelo nacional, ha comunicado a través de los medios el desarrollo de un amplio operativo policial para identificar, rastrear y capturar a todos los responsables y cómplices involucrados en la ejecución de este atentado.
De esta forma es como este siniestro, para nada nuevo para el gigante de Europa Oriental (en 2010 una pareja de extremistas chechenas se inmoló en el metro de Moscú matando a 40 personas), levanta nuevamente el debate no sólo sobre la creciente violencia y expansión del radicalismo islámico alrededor del globo, sino también sobre el principal móvil del terrorismo contemporáneo: el ataque indiscriminado de población no combatiente. Es en torno a este último punto donde emerge el dilema subyacente a la cuestión en materia: ¿es el terrorismo, en esencia, una cuestión moral que, en base a su justificación, puede llegar a ser una práctica éticamente permisible? o ¿es más bien un acto inherentemente repudiable que, independiente de quien lo practique, no constituye más que sólo una violenta herramienta o estrategia de poder para lograr determinados fines políticos? Interrogantes que desde los ataques coordinados sobre el World Trade Center en septiembre de 2001, se han vuelto el objeto de estudio y reflexión de un sinfín de políticos, militares y académicos de Occidente.
El terrorismo, como fenómeno político-social a esta altura ya icónico del siglo XXI, supone un complejo desafío intelectual y emocional al momento de estudiarlo a cabalidad, especialmente tras el impacto inicial de cada atentado. Asimismo, a esa dificultad se suma, en la gran mayoría de los casos, la falta de una clara definición y entendimiento del concepto en sí. ¿Qué es el terrorismo? Las respuestas a esta interrogante fluctúan desde lo teórico, lo militar, lo político, lo cultural, lo teológico, hasta lo meramente instrumental. Para fines de este escrito, se entenderá terrorismo como lo hace Javier Jiménez Olmos:
“Acto de violencia desproporcionado, innecesario e indiscriminado que se comete contra materiales o personas por Estados, organizaciones o individuos con el objetivo de atemorizar y desestabilizar para conseguir fines políticos, sociales, económicos o militares”.
A través de esta aproximación, resulta posible caracterizar la multidimensionalidad del terrorismo, tanto en su forma como en su fondo, pero especialmente en un aspecto que tiende a ser omitido o poco considerado por los analistas: la naturaleza inherentemente relativa al concepto, condición que irremediablemente se presta a dualidades de orden moral.
El terrorismo, así como la guerra, es tan antigua como el mismo hombre, y en muchos casos, comparten incluso los mismos factores de origen; sin embargo, desde una postura ética, la guerra, entendida como aquella confrontación militar entre fuerzas relativamente simétricas, establece (o al menos pretende) una clara distinción de los agentes involucrados: los combatientes y los no combatientes (población civil que no participa materialmente del esfuerzo bélico). Es en este punto donde la guerra, y sobre todo el terrorismo, se topan con la línea “gris” de la moralidad.
Para el mundo militar que se apega a los tratados y convenciones internacionales, el criterio detrás de sus acciones se respalda (supuestamente) en la tradicional teoría de la “Guerra Justa”; planteamiento moral que sugiere que sólo los individuos objeto de ataque son aquellos que pertenecen a alguna fuerza armada regular; procedimiento que, a su vez, se basa en el denominado Principio de Auto-Defensa. Este último, sostén de la teoría anterior, señala que matar sólo es un acto moralmente permisible cuando un agente o un grupo de éstos suponen una inmediata y directa amenaza a la vida de uno, sea un individuo o un Estado. En consecuencia, los no combatientes estarían, bajo esta premisa, inmunes al fuego enemigo, puesto que, en principio, no representan de ninguna forma una amenaza real a las fuerzas rivales. Considerando lo anterior, resulta posible afirmar que esta aproximación moral de la guerra coincide en muchos aspectos con la teoría deontológica de interpretación moral, esto debido a que, tal como sugieren los principios kantianos (imperativos categóricos), qué en sí repudian el asesinato y valoran la vida como máxima universal. Considera que lo correcto y lo racional a hacer en un contexto ya irracional como lo es la guerra, es la muerte de sólo aquellos directamente involucrados, vale decir, los miembros de las FFAA.
Sin embargo, la guerra, como la vida misma, no siempre es tan clara. Existe también dentro de la esfera militar otra aproximación a la guerra, una de índole moral, pero más inclinada a lo lógica consecuencialista, es decir, la percepción de que los actos son considerados moralmente correctos cuando generan resultados buenos, y por oposición, los actos inmorales serían aquellos que desencadenan resultados negativos o desfavorables. Por consiguiente, el ataque a no combatientes podría, bajo una lógica militar, justificarse en situaciones en donde, bajo el mismo Principio de Auto-Defensa, este grupo particular de individuos representan algún grado de amenaza a las fuerzas o a la población de otro Estado. Por ejemplo, los civiles que alimentan, atienden o confeccionan las armas de los soldados. En suma, la guerra, pese a las múltiples intenciones de regularla, sigue siendo, en última instancia, un campo sujeto a intereses e interpretaciones políticas, económicas, sociales, y culturales de los gobiernos del momento; hecho que, independiente de los juicios anteriores, deriva siempre en arbitrariedades, atropellos, y barbarie.
Entonces, en base a lo ya expuesto, ¿dónde se posiciona el terrorismo bajo este esquema moral? Si nos remitimos a la definición dada por Jiménez Olmos, el terrorismo en general, justificaría el ataque y asesinato indiscriminado de no combatientes en base a causas estrictamente estratégicas y no necesariamente morales. La razón de esto es que la práctica de matar civiles atenta derechamente contra el principio de “inmunidad” que se desprende de la teoría de la “Guerra Justa”. De esta forma, las organizaciones terroristas logran precisamente atemorizar y desestabilizar el epicentro de toda sociedad, y con ello, debilitan, cual efecto dominó, la moralidad de las tropas invasoras (si las hay), el apoyo ciudadano enemigo a la guerra, y la voluntad de la o las partes en torno a la prolongación del o los conflictos. En consecuencia, esta macabra, pero efectiva agenda política coincide en buena medida con los planteamientos consecuencialistas.
Así como la guerra puede justificarse en base a cálculos morales, el terrorismo, en cierta medida, también puede hacerlo. El atentado en San Petersburgo puede ser un buen ejemplo esto. Suponiendo que Dzhalílov, el perpetrador, haya tenido alguna conexión con alguna organización terrorista islámica – hecho altamente probable tras su estadía en Kirguistán a comienzos de año – no es de sorprender entonces que haya interiorizado, tras previa radicalización, las causas y objetivos del terrorismo islámico checheno y/o de ISIS. Por tanto, no sería extraño que el joven considerara que la Federación Rusa ha sido un Estado terrorista-opresor que, por un lado, lleva décadas sometiendo y privando al pueblo checheno de su independencia; mientras que, por otro, ha lanzado sangrientos ataques contra el pueblo sirio en defensa de un gobierno ilegitimo. Bajo este punto de vista, Dzhalílov, así como cualquier yihadista de Oriente Medio, respaldaría el asesinato de los usuarios del tren subterráneo sobre la base de dos principios yuxtapuestos:
Por un lado, el ya mencionado Principio de Auto-Defensa visto desde una óptica consecuencialista; perspectiva bajo la cual sería totalmente justificable el atentado porque, a la vista de un extremista, la población no combatiente rusa representaría, a consecuencia de las acciones del Kremlin, una seria y directa amenaza para la vida y la integridad de la población siria o chechena. Y por otro, y en directa relación con el criterio anterior, la misma teoría de la “Guerra Justa”, baluarte moral de las sociedades democráticas occidentales, concibe, en relación al principio de “inmunidad”, que el opuesto de inocente no es “culpable”, sino “implicado”. En consecuencia, bajo esta lógica ética dual, resultaría moralmente permisible la muerte de la ciudadanía rusa, ya que es ésta misma la que apoya la gestión de Vladimir Putin (la que para fines de 2016 alcanzó un significativo 86,8% de aprobación); acto con el cual, de acuerdo a la teoría de la “Guerra Justa”, pasarían inconscientemente a la categoría de “implicados” de los crímenes de guerra que pudiera haber llevado a cabo el Kremlin.
A la postre, el terrorismo constituye un acto que, aunque pueda ser moralmente justificable, por ningún motivo debe promoverse o glorificarse, puesto que, al igual que la guerra, no genera ningún beneficio, sólo muerte y sufrimiento.
*Imagen de cabecera propiedad de El Periódico