Por JORGE MUJICA U.
Licenciado y Magíster (c) en Historia
Pontificia Universidad Católica de Chile
Este 12 de febrero de 2020, la ciudad de Santiago cumplió 479 años desde que fuera fundada por Pedro de Valdivia en 1541. Este nuevo aniversario, sin embargo, no ha sido celebrado los mismos festejos que aquellos que se han producido en otras ocasiones, en parte debido a la profunda crisis social que sacude a Chile desde el 18 de octubre de 2019. Partes importantes de la comuna, como los barrios San Borja, Lastarria y Yungay, así como el entorno del Parque Forestal y la Plaza Italia, han sido epicentros de las protestas sociales, y muchos de sus edificios e infraestructuras de todo tipo han sido objeto de profundos daños, mientras sus habitantes deben enfrentar las dificultades de la falta de transporte, el ruido, los enfrentamientos entre manifestantes y la policía, y la casi permanente capa de gas lacrimógeno emanada de las armas represivas de carabineros.
Precisamente atendiendo a este contexto, el actual alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, ha publicado en El Mercurio una columna de opinión en la que se pregunta, “…¿qué explicaciones podríamos dar a próceres como Pedro de Valdivia, Benjamín Vicuña Mackenna, o Karl Brunner para justificar la autodestrucción de parte de su obra? Y más importante, ¿qué explicación les podemos dar a los propios vecinos residentes que han visto su cotidianidad seriamente perturbada?”[1]. Las palabras del alcalde parecen motivadas por el reguero de destrucción del patrimonio público y privado que las manifestaciones constantes han dejado por las calles del centro de la ciudad, donde los incendios que han afectado al Cine Arte Alameda, la Iglesia de San Francisco de Borja y el Museo Violeta Parra aparecen como los episodios más trágicos y críticos.
No obstante, las preguntas retóricas del alcalde podrían, perfectamente, referirse a las transformaciones que ha sufrido Santiago durante las últimas dos décadas. Si se revisa la historia del centro de la ciudad, desde fines de la década de los 90 en adelante, uno podrá percatarse fácilmente de que la destrucción y desvalorización del patrimonio arquitectónico y urbanístico de Santiago Centro ha sido un efecto de un desarrollo inmobiliario descontrolado, cuya característica es la ausencia de un proyecto de ciudad integrada y sustentable. Para quienes hemos vivido, trabajado y estudiado en la comuna, ha sido sencillo atestiguar la proliferación de inmensos conjuntos de edificios residenciales, los que se multiplicaron en las décadas de 2000 y 2010. Esta proliferación de proyectos inmobiliarios tuvo como resultado un efecto deseado en la política urbana de mediados de los 90, el cual era revitalizar el centro histórico de Santiago, que había comenzado a perder población e importancia, frente al desarrollo del pujante eje Providencia-Apoquindo, y al surgimiento de núcleos periurbanos en lugares como el Paradero 14 de Vicuña Mackenna, y las Plazas de Maipú y Puente Alto, entre otros. El último censo llevado a cabo en Chile, en el año 2017, dio cuenta de que Santiago se había transformado en la tercera comuna más poblada del país, siendo superada solo por Puente Alto y Maipú, y había prácticamente duplicado su población en un lapso de quince años, hasta contar en la actualidad con aproximadamente 410 mil habitantes.
Sin embargo, ¿a qué costo se ha producido la “renovación urbana” del centro santiaguino? Ella aparece, en realidad, como el epicentro de un fenómeno histórico vinculado al auge y desarrollo del mercado inmobiliario en Chile, cuyo tamaño e importancia en la economía local de las últimas décadas no tiene precedentes. Si bien este es un fenómeno de alcance nacional, muy patente en el desarrollo urbano de otras grandes ciudades chilenas como Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Antofagasta e Iquique, es en el entorno urbano del centro de Santiago -y últimamente, en sus comunas aledañas- donde las transformaciones han sido más dramáticas. Un estudio del sociólogo Jorge Vergara ha demostrado la tendencia hacia la ‘verticalización’ de la vivienda urbana, a través de la construcción masiva de altos edificios de departamentos, muchos de los cuales superan los nueve pisos. De ellos, más de un cuarto se concentraron solo en la comuna de Santiago.
La ‘verticalización’ del desarrollo inmobiliario en el centro de Santiago ha causado diversos efectos no deseados en la zona. En muchos casos, la construcción de los grandes edificios de viviendas considera escasas o nulas medidas de mitigación, lo que repercute en el aumento desmedido del tráfico vehicular, la falta de áreas verdes y espacios de esparcimiento público, la saturación del transporte público. Manzanas enteras de Santiago, y de comunas aledañas como Ñuñoa, Independencia y Estación Central, han sido derribadas para dar paso a las nuevas moles de concreto, sin considerar el valor histórico y arquitectónico patrimonial de muchas de las construcciones que había en ellas.
Junto a esto, el alza experimentada por el precio de la vivienda ha conllevado el empobrecimiento de numerosas familias y arrendatarios, la gran mayoría jóvenes. De hecho, el acceso a la vivienda se ha situado como uno de los ejes de las demandas ciudadanas a partir del actual estallido social, poniendo en un plano de reivindicación política lo que muchos y muchas especialistas ya habían advertido desde un punto de vista técnico. Y es que, aunque no existe consenso sobre si Chile y Santiago podrían dirigirse hacia el estallido de una ‘burbuja inmobiliaria’, el alza en los precios de las viviendas se ha vuelto en una verdadera carga para los habitantes de Santiago, especialmente para las capas más jóvenes, quienes se han visto obligados a endeudarse a través de onerosos créditos hipotecarios. Por si fuera poco, muchas veces las viviendas ofrecidas en el mercado no son de la calidad deseada, especialmente en cuanto a tamaño se refiere, propiciando las condiciones de hacinamiento en que muchos de los habitantes de los denominados “guetos verticales” sobreviven actualmente.
Así, retomando las preguntas que se plantea Alessandri en su columna, ¿qué explicaciones podríamos darles a los grandes urbanistas históricos de la ciudad frente a este panorama? ¿Qué explicaciones darles a los vecinos de Santiago y de otras comunas afectadas, respecto de la precarización de sus vidas? Estas preguntas, que el alcalde plantea frente al contexto social actual, perfectamente podrían haber sido planteadas hace diez o quince años. De hecho, parte del descontento profundo revelado por el estallido social (que se encontraba oculto, por lo menos, a los ojos miopes de las autoridades políticas y la élite chilenas) guarda relación justamente con la desidia con que las autoridades y los entes regulatorios han enfrentado estas realidades durante años.
La gestión de Alessandri, hasta ahora, ha sido tan miope como lo son sus preguntas en la columna de El Mercurio. No solo porque se plantea las interrogantes a mala hora, sino porque la forma en que enfrentó los hechos de violencia en el Instituto Nacional y otros liceos del centro capitalino estuvieron en el origen de las protestas que, más tarde, se trasladaron al metro de Santiago y provocaron el 18 de octubre. Sin embargo, la responsabilidad no es solo suya, y atañe a todas las administraciones anteriores de la comuna, incluyendo las de Tohá, Zalaquett, Alcaíno, Lavín y Ravinet. A su vez, las fallidas gestiones de estos alcaldes en materia de propiciar un desarrollo inmobiliario armónico con la protección del patrimonio urbano de Santiago, reflejan una política de Estado (o más bien, una ausencia de ella) frente a la planificación urbana consistente con la imposición del modelo neoliberal en Chile durante la dictadura.
Si en algo coincido con Alessandri, es en el llamado a “conocer nuestra historia para poder apreciar el lugar donde vivimos. Para darnos cuenta de que el uso que le damos a nuestro espacio público determina la ciudad, y que nuestros barrios están llenos de una riqueza que no se reconstruye con cemento, fierros y postes”. El problema es que quienes más han desconocido la historia de los lugares en que vivimos han sido, justamente, quienes han tenido el poder de redefinir el espacio urbano, tanto en Santiago Centro, como en otras ciudades del país. Es menester que, para que el compromiso cívico, tanto de la ciudadanía como de las autoridades, con un modelo de ciudad más justo y equitativo sea sincero, se reconozca esta realidad: que el problema no está (solo) en el poder destructivo de la violencia callejera desatada el 18 de octubre, sino que en todas las condiciones que han determinado las transformaciones urbanas de Santiago durante los últimos treinta años.
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