Por DIEGO SARMIENTO K.
Estudiante secundario
Club La Fayette
Las manifestaciones sociales de los últimos días no pertenecen a la regla. Si bien es cierto que una variedad de sectores ideológicos (especialmente izquierdistas) se han hecho presentes en las calles, la horizontalidad jerárquica ha sido protagonista en la organización de la súbita revuelta popular en Chile. Es precisamente por esto que las demandas aparecen con cierta imprecisión en el debate público y político.
En virtud del enmaraño de las consignas, se han desarrollado una multiplicidad de “tribunas de opinión ciudadana” que han develado la prioridad de los chilenos a la hora de hacer cambios. Un ejemplo de éstas, y quizás el más interesante, es la plataforma web “www.chilecracia.org” donde, con un sofisticado mecanismo computacional, se ha clarificado la opinión de los ciudadanos. Según evidencia la plataforma, entre las demandas con mayor prioridad se encuentran (en orden decreciente): Pensión mínima igual o mayor al sueldo mínimo, AFPs deben asumir las pérdidas derivadas de su administración de fondos, Fijar el sueldo de los políticos como una proporción del sueldo mínimo, Cárcel efectiva para soborno y cohecho, y Desprivatización del agua. Todas estas propuestas tienen algo en común: constatan interés en avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Sin embargo, la discusión de los últimos días en el Congreso no se ha centrado en ninguna de estas demandas, revelando la desconexión que tiene la clase política con la realidad. Aún más, se ha instalado una suerte de “fetichismo constitucional”, que lleva a quien lo padece (la generalidad de los políticos) a delirar en presunciones ficticias que conciben la Constitución Política como un “libro de los deseos”, donde todo lo ahí escrito eventualmente se cumplirá, en vez de una Carta Fundamental que tiene por objeto establecer la configuración jurídica fundamental de un Estado, separando los poderes constituidos (ejecutivo, legislativo y judicial), además de definir derechos y libertades de los ciudadanos, y limitar el alcance coercitivo del Estado. El mero hecho de que en la Constitución se afirme que todos los ciudadanos tienen derecho a ser felices, no esbozará una sonrisa en la cara de las personas, puesto que la felicidad es el resultado de una vida plena; cuestión que muchas veces se escapa del ordenamiento jurídico de una sociedad.
La intención de redactar una nueva Constitución para Chile, a priori no parece ser “aterrizada”, pues el cambio no tiene incidencia directa (al no responder en las problemáticas que aquejan a los más desfavorecidos de la sociedad), ni repercusión inmediata (al tratarse de un proceso que durará, a lo menos, un año).
Pero esta postura no es la única invitada a la palestra de los delirios. También, con el pasar de los días, ha tenido lugar una visión contraria a los valores democráticos. Se trata de aquellos que arguyen la imposibilidad de que el pueblo participe en procesos tan importantes como la elaboración de una nueva Constitución (a través de una Asamblea Constituyente), en función de su carencia cultural. Es cierto que la mayoría de los chilenos no poseen un considerable acervo cultural, ni han recibido instrucción constitucional alguna. Los datos lo respaldan. No obstante, esto no es limitante a la hora de ejercer sus derechos. Porque cuando hablamos de democracia, hablamos de que el pueblo puede brindarle su apoyo al aspirante que estime idóneo, así sea este el peor de todos los candidatos (hemos tenido varios casos a lo largo de la historia). En democracia la gente elige, pues no es este un sistema que persiga objetivos en función de lo técnicamente conveniente, sino en que todas las opiniones sean escuchadas y todas las perspectivas tengan cabida en un debate respetuoso.
A pesar de la manifiesta privación cultural, y el falso dilema de la impertinencia, al pueblo no puede negársele la oportunidad de decidir. Es por ello que urge avanzar en medidas concretas, que respondan a las necesidades materiales de los ciudadanos, en conjunto con el comienzo de un nuevo pacto social y la redacción de una nueva Constitución que esté exenta de sangre y crímenes de lesa humanidad. Se escucha fuerte y claro en las calles: ¡nunca más sin la gente!, y el gobierno no puede hacer oídos sordos.
*Imagen de cabecera propiedad de Metrolatam.